‘A MAS DE 3 SEMANAS DEL PEOR SUCESO QUE HA VIVIDO MEXICO’…

Cuando el mes pasado se desencadenó un incendio en el centro de detención de migrantes de la fronteriza Ciudad Juárez, las diferentes reacciones entre quienes custodiaban a los hombres y a las mujeres marcaron la diferencia entre la vida o la muerte, según nuevos vídeos de vigilancia y declaraciones de testigos a los que ha tenido acceso The Associated Press.

Cuarenta hombres murieron asfixiados por el fuego provocado por uno de los migrantes en señal de protesta y una treintena más resultaron heridos. Las 15 mujeres que estaban detenidas en las mismas instalaciones pudieron salir sanas y salvas cuando el humo empezaba a llegar a sus dormitorios.

En una parte de las grabaciones, se ve cómo horas antes del incendio del 27 de marzo, guardias de seguridad privados abren y cierran la celda de los hombres para meter garrafones de agua o permitir el acceso de personal de limpieza. Sin embargo, cuando empezó el fuego, nadie intentó abrir esa reja a pesar de la presencia de trabajadores en el lugar.

Mientras tanto, en otro punto del edificio, una guardia de seguridad corría hacia los dormitorios de mujeres para liberarlas con unas llaves que, según declaró, le había dado la agente de migración encargada del ala femenina, Gloria Liliana Ramos, una de las funcionarias procesadas por homicidio.

Las imágenes forman parte de las grabaciones de las 16 cámaras de seguridad que había en las instalaciones y que recogieron muchos movimientos de ese día pero no aclaran la gran incógnita todavía por resolver: ¿dónde estaban las llaves de la celda de los hombres cuando comenzó el fuego?

A más de tres semanas del peor suceso de estas características que ha vivido México, siete personas están procesadas por homicidio y lesiones: cinco funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), el migrante que presuntamente prendió las colchonetas y un guardia de seguridad privada.

La fiscalía investiga al titular de Migración, Francisco Garduño, por incumplir su responsabilidad de proteger a los migrantes y al contralmirante retirado Salvador González, por homicidio, como responsable de la agencia migratoria en el estado de Chihuahua, donde está Ciudad Juárez. La audiencia del viernes contra Garduño se suspendió hasta el martes, después de que su defensa alegar que no había tenido acceso al expediente del caso.

Uno de sus lugartenientes, Antonio Molina, el director de verificación de la agencia migratoria, también enfrentó ante la justicia acusaciones por la falta de garantía de condiciones decentes de los migrantes. El fiscal apunto que la noche del incendio había 16 de los 68 migrantes encerrados que no habían sido ni siquiera anotados en el registro.

Además investiga posibles actos de corrupción vinculados al contrato de la agencia migratoria con la empresa de seguridad privada que custodiaba el centro de detención y faltas del INM que, según sus pesquisas, “indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado” durante años.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a que no haya impunidad y los países de origen de los migrantes -la mayoría centroamericanos o venezolanos- exigieron una investigación transparente para dar con los responsables hasta el más alto nivel.

La fiscalía federal no contestó de manera inmediata a una petición de comentario sobre los videos o las declaraciones de testigos que AP conoció a través de un abogado defensor.

La noche del incendio, un pequeño grupo de migrantes varones habían puesto colchonetas contra las rejas para tapar la vista del interior donde desconectaron las cámaras y prendieron fuego a unos colchones en señal de protesta.

En la grabación que se hizo pública justo después del siniestro, se ve a algunos de ellos hablar con los guardias que se acercaban a los barrotes para luego alejarse sin intentar abrir la celda. En cuestión de minutos, el humo lo había llenado todo.

El agente migratorio Rodolfo Collazo, otro de los procesados, reconoció ser el encargado de las llaves en la zona de hombres esa noche pero poco antes del incendio había salido a trasladar a dos menores a otro centro. Según su declaración, dejó a cargo al supervisor de la empresa de seguridad privada y las llaves colgadas en la pared de la oficina. Su compañera, Ramos, coincidió en que los guardias privados se quedaron como responsables.

Según un peritaje elaborado por Luis Fermín Cal y Mayor, a petición de la defensa de otro de los funcionarios enjuiciados, presentado ante sede judicial el martes con capturas de pantalla de los videos, las llaves estuvieron en poder de los trabajadores de la empresa privada hasta minutos antes del incendio.

Ellos lo negaron. En sus declaraciones ante el Ministerio Público explicaron que justo antes de que comenzara el fuego habían ido al baño a llenar un garrafón porque los migrantes pedían agua.

Cuando el humo empezó a extenderse, la vigilante de seguridad privada Angélica Hinojosa, asignada a la sección de mujeres, salió corriendo y poco después se la ve seguida de un efectivo de la Guardia Nacional.

En su testimonio, explicó que cuando empezó “a oler muy feo” y a percatarse del humo, pidió las llaves del área de mujeres a Ramos, la encargada de ellas. La funcionaria dijo que ayudó a Hinojosa a desalojar a las 15 migrantes y que llamó tanto a los servicios de emergencia como a uno de los responsables de las instalaciones, que también está bajo proceso.

Las extranjeras, algunas tapándose la nariz y la boca por el humo, desalojaron corriendo el lugar. En sus declaraciones oficiales, mencionaron haber escuchado gritos procedentes del lado de los hombres, algunos pidiendo agua, y voces preguntando dónde estaban las llaves de la celda.

La abogada de Ramos, Aglaeth González, explicó a AP que la funcionaria no debía ser procesada porque ayudó a salvar vidas. Agregó que el jueves todavía no había tenido acceso a los videos de vigilancia y que estaba siendo muy complicado entrevistar a funcionarios de Migración porque temían represalias si hablaban con ella.

Los abogados de algunos de los funcionarios cuestionaron que se hayan imputado cargos sin analizar a fondo las decenas de horas de los vídeos del centro de detención.

La hija de Collazo, Tania Collazo, dijo temer que no se esté juzgando con imparcialidad a su padre por la necesidad de encontrar culpables con rapidez.

Cuando el funcionario regresó tras el traslado de los niños, el humo ya era insoportable. Dice que intentó entrar por las llaves pero no pudo. Según uno de los guardias de seguridad, fue su compañero vigilante -actualmente procesado- quien lo hizo y las localizó sobre un escritorio. Ese segundo guardia fue quien pudo abrir una puerta trasera pero no otra interior que estaba cerrada.

El lugar no contaba con salidas de emergencia, aseguraron sus trabajadores, pero sí con extintores que no valieron de nada.

Los equipos de rescate sólo pudieron empezar a sacar cadáveres y supervivientes cuando los bomberos hicieron un boquete en un muro de las instalaciones a unos pasos del río que separa a México de Estados Unidos.

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